La Igualdad y no discriminación por razón de género es un derecho fundamental que la mujer continúa viendo vulnerado en distintos aspectos de su vida cotidiana. Una de las máximas expresiones de dicha vulneración es la Violencia de Género y, dentro de esta, una de sus manifestaciones más crueles es la Violencia Vicaria.

Este último término fue acuñado hace diez años por la psicóloga clínica y forense, Sonia Vaccaro, definiéndolo como “la violencia contra las mujeres, desplazada sobre las hijas e hijos para dañarla de forma vicaria”. Sin embargo, no fue hasta el año 2017, que España incluyó este concepto en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género a favor de las madres cuyos hijos son asesinados por su pareja, con el fin de ser consideradas víctimas de violencia de género, y considerando la violencia vicaria como “el daño más extremo que puede ejercer el maltratador hacia la mujer: dañar y/o asesinar a los hijos/as”.

En definitiva, se trata de una deshumanización de los hijos por parte del padre, que los convierte en meros objetos con los que poder herir a la madre, incluso con resultado de muerte.

Aunque suele ser desconocida, esta violencia no es nueva. En España, 44 menores han sido asesinados desde el año 2013 en casos de violencia de género, y casi 1,7 millones viven en hogares en los que la mujer está sufriendo algún tipo de violencia en la pareja, tal y como recoge la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.

Uno de los casos más recientes de violencia vicaria ha sido el de Anna y Olivia en Tenerife, que ha dado la vuelta al mundo por su especial crueldad y ha supuesto un “¡basta ya!” contra una violencia machista que convive con nosotros desde hace muchos años: desde el caso de Ángela Carreño o Ruth Ortiz, hasta el de Itziar Prats o Laura Hernández, entre muchos otros. Situaciones que, en su día, no se asociaron a la violencia de género pero que, inevitablemente, lo son. Mujeres que, en muchas ocasiones, deciden salir de esta situación a través de la separación y no de la denuncia. Por tanto, siguen estando expuestas, ellas y sus hijos e hijas, a la agresión que pueda ejercer el maltratador.

Con la reciente aprobación de la ley orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, España ha introducido varias medidas que protegen a las víctimas y a sus hijos que se encuentran inmersos en un procedimiento judicial.

Entre ellas, se recoge el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor haya sufrido, convivido o presenciado manifestaciones de violencia o la prohibición de la imposición de la custodia compartida (Art. 92.7 CC).

Asimismo, también se ha modificado el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los familiares que conozcan la situación estén obligados a denunciar, para que ningún caso quede impune; y el art. 94 CC, que prevé la suspensión del régimen de visitas cuando el progenitor esté incurso en un proceso penal.

Sin embargo, no olvidemos que el 80% de las mujeres en España sale de la situación de violencia a través de la separación y no de la denuncian. Y, en estos casos, los menores siguen estando desprotegidos, por lo que nos queda aún un camino por recorrer. Por razones como estas, es por las que yo, como adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común de Canarias, quiero hacer de altavoz para actuar en defensa de los derechos de estas mujeres y sus hijos.

De esta forma, desde la Adjuntía que dirijo, única en España, trabajamos en iniciativas que contribuyan a sensibilizar sobre esta realidad. Prueba de ello fue la celebración de la Jornada “Violencia Vicaria, otra forma de Violencia de Género” (https://www.parcan.es/video/grabacion/11045/#3290), con la que acercamos a las víctimas todas aquellas herramientas de las que disponen para poder desenvolverse en estas situaciones de conflicto. Además de su integridad física y psicológica, es primordial proteger a sus hijos e hijas, y los responsables públicos no podemos darles la espalda.

No obstante, e independientemente de cómo se manifieste la violencia, algunos de los puntos de inflexión más importantes para acabar con esta situación son la prevención y la formación, en las que las administraciones tenemos aún mucho por hacer.

Pero debemos tener en cuenta que los principios y los valores se imparten desde la familia, y de ahí la importancia de acceder a ella para frenar la violencia de género, y evitar titulares tan alarmantes como el publicado por un reciente estudio realizado por la Universidad española de La Laguna, en el que se asegura que “el 50% de los jóvenes tinerfeños de entre 11 y 20 años niega la violencia machista”.

Los datos siguen estando ahí y, lo que es más preocupante, siguen creciendo, por lo que atacar y controlar aspectos como la prostitución, el acceso de los jóvenes a la pornografía o la educación afectivo-sexual, son materias esenciales para empezar a disminuir estas estadísticas.

 

Los “colores” de la Violencia Vicaria

Para la Jornada “Violencia Vicaria, otra forma de Violencia de Género”, organizada por la Adjuntía de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común de Canarias, creamos un lazo bicolor representativo de este tipo de violencia en particular, para el que usamos tonalidades violetas, representativas de la Violencia de Género; y naranjas, como símbolo de la Violencia Vicaria.

En muchas culturas, el naranja simboliza el final de un ciclo y el inicio de uno nuevo, así como representa un futuro brillante y optimista libre de violencia. De igual manera, este color también se convirtió en el emblema de la campaña de las Naciones Unidas “ÚNETE” para visibilizar la violencia contra las mujeres alrededor del mundo y unir a la sociedad para acabar con esta lacra.

 

 

Beatriz Barrera Vera,

Adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común de Canarias